Primera parte
Introducción
Recientemente, el Vicecontralor Álvaro Miguel Navas dijo que la Contraloría creará una unidad especial, integrada por 11 personas, cada una con el rango de contralor y con la facultad de intervenir cualquier entidad del Estado[1]. Días antes[2] la Contralora General, Sandra Morelli, aseguraba que la principal fuente de corrupción es "la relación entre la política y la contratación" y anunciaba hacer un seguimiento a los contratistas "del sistema general de participación, de regalías, de planes departamentales de agua y de recursos de la ola invernal, por ahora". Además, anunciaba un "seguimiento de campañas en las que notemos que hay gasto excesivo o anomalías, como un alcalde con su señora repartiendo 34.000 pares de zapatos". Un vocero de la Contraloría había dicho[3] que su entidad esperaba pedir "como mínimo, 348.000 millones de pesos, 8,4 por ciento más que los 321.000 millones de este año": era momento para que las entidades del Estado pidieran cuánto necesitaban, ya que se hacía el anteproyecto del Presupuesto Nacional del año entrante. La Contraloría estaría izando “una de las principales banderas de la administración Santos”, como la había llamado, anteriormente, no sólo Francisco Gutiérrez Sanín en su columna Santo alabado..., sino también la Redacción Política de El Tiempo, cuando hubo publicado una noticia, intitulada Éxitos y retos del Gobierno Santos, un año después de la posesión, en la que aclaraba la metáfora, diciendo que una de las banderas principales de la administración Santos, que izaría la Contraloría, era la de “la lucha contra la corrupción". A renglón seguido en esta noticia, húbose recordado que Santos "el pasado 12 de julio sancionó en Bogotá el estatuto anticorrupción, una herramienta clave en la lucha contra este flagelo" (letra cursiva mía)[4]. A propósito de la herramienta clave-cuya elaboración demanda una partida del Presupuesto Nacional-, había ya pasado el mes de julio, el mes durante el cual los letrados y notables de la nación coincidieron en escribir sistemáticamente sobre el flagelo de la corrupción. La columna, de finales de junio, del maestro Rodolfo Arango, Corrupción y desprecio social, había dado el aviso general del mes que seguiría. Por sólo nombrar algunas columnas: el primero de julio de 2011 Julio César Londoño escribió en El Espectador la columna de opinión Los bancos, la monja y la zorra; el 12 de julio de 2011, el ministro estelar mismo, Germán Vargas Lleras, escribió en el periódico El Tiempo la columna de opinión intitulada Soluciones reales y respuestas concretas; dos días después Javier León elaboró un reportaje acerca de las declaraciones que Luis Alberto Moreno había dado acerca de la corrupción; dos días después Carlos Caballero Argáez publicaba su columna de opinión, Corrupción, captura estatal y reforma; faltaba entonces poco para que María Teresa Ronderos publicara la columna Tres aplausos y una deuda ante la caída de Arias; y poco también faltaba para que, el 27 de julio, Andrés Escobar, el columnista de El Espectador-ya que los muertos no pueden hablar-, publicara La tragedia de los comunes; y para que, el 31 de julio de 2011, Alejandro Gaviría cerrara el mes con su columna de opinión Corrupción y presupuesto. La corrupción había obligado a los notables y letrados de la nación a devanarse en pensamientos, para pensarla. Esto ya dice bastante.
La provisionalidad del utilitarismo de Mill: Pregunta por la faltante práctica de la phrónesis
John Stuart Mill se declaró abiertamente anti-kantiano o anti-moralista-a prori. Y disputó que los deberes relativos a la moralidad fueran sólo deducciones de un precepto universal, como aquel postulado en La metafísica de las costumbres. Así que, por el contrario, adoptó una ética teleológica. Los fines éticos no serían en su Ética deducibles por un precepto, sino que serían el punto de partida de su Ética. Mill no vaciló en suponer que las reglas de la acción fueran determinables y determinadas por un fin ya arreglado. Su primera observación general, en su obra El Utilitarismo, consistió en advertir que las acciones, sin excepción, tenían por motivo algún fin. Para que los equívocos y las confusiones no tuvieran lugar, creyó Mill que había que determinar, en primer lugar, aquello que buscamos. No demoró en afirmar que aquello que buscamos es elPrincipio de la mayor felicidad, que éste sería en su Ética la regla directriz de la conducta humana y que éste debería formularse, prácticamente, así:Buscad la mayor felicidad, procurando en cada acción la maximización del placer y la minimización del dolor. Rodolfo Arango en Corrupción y desprecio social dijo, en conformidad con Mill, que hay individuos que no escatiman en los medios, sino en los fines; pero agregó que quienes no escatiman en los medios no sólo son los excluidos, cuando tiene lugar la inequidad social, sino también los "Poderosos con temor a perder sus privilegios". Arango se percató que es el Principio de la mayor felicidad el que sirve a los corruptos como de regla de acción. Se dirá que Mill reconoció que los hombres pueden incurrir en indulgencias sensuales, y que pueden dejarse sumir en la indolencia y el egoísmo, y que pueden perder sus aspiraciones elevadas y sus gustos intelectuales, y, por consiguiente, que los hombres podían tener una debilidad de carácter que obligaría a seguir la práctica griega de la phrónesis. Pero, entonces, se habrá advertido que el fin utilitarista, el Principio de la mayor felicidad,está, para Mill, subordinado a un medio: el de la formación del carácter. Y, aún cuando se dijera que la formación del carácter es una acción compatible con la lógica del Principio de la Utilidad o de la mayor felicidad, todavía a los utilitaristas se les podría disputar, en conformidad con la preocupación que muestra el maestro Arango hacia la exclusión social, que Mill subordina su Ética a una moral provisional, por una parte, de carácter elitista-por ser practicable sólo por un puñado de jueces competentes- y, por otra parte, de carácter formativo-por ser impracticable hoy y ahora por el vulgum-. Sobre lo último, Mill mismo reconoció el carácter excluyente de su moral provisional, cuando dijo que la educación, entonces actual, era desafortunada y que las condiciones sociales eran, a su juicio, el único obstáculo para que la felicidad se volviera el patrimonio de todo el mundo. Mill advirtió que había necesidad de cultivar el sentimiento de solidaridad respecto a los intereses colectivos. Y es así como Mill converge con Arango, cuando éste dice en su columna que “mejores resultados cosecharíamos educando los sentimientos morales de los ciudadanos en un ambiente de equidad económica y solidaridad social”. La Ética utilitarista sólo es practicable, en palabras de Mill, en unpaís civilizado o en un país con la cultura intelectual suficiente. Y mientras no es practicable sino la moral provisional, a la que está subordinada su Ética utilitarista, converge con Arango, pero sólo parcialmente: son enemigos en lo tocante al elitismo, son amigos en lo tocante a la necesidad de educar la práctica de la phrónesis en el carácter del vulgum.
¿Qué es eso de la ‘Moralización’, prevista en el estatuto anticorrupción? (Pregunta por la indeterminación del sentido de la moralización, prevista en el Estatuto Anticorrupción)
He dicho que la moral utilitarista de Mill hizo obligatoria la puesta en práctica de una moral provisional, por una parte, elitista y, por otra parte, educativa de la práctica griega de la phronesis. Pero, para Mill, no sólo la moral, sino también la legislación eran las dos buenas artes prácticas de la sociedad. Al abstraer la moral, la legislación sería la única restante entre las artes prácticas. Este experimento mental hace al mismo tiempo de metáfora y de introducción de la columna de opinión titulada Soluciones reales y respuestas concretas, de Germán Vargas Lleras, al que llaman ministro estelar. Allí resumió veinte de las ciento treinta y cinco medidas que según él fueron adoptadas en el estatuto anticorrupción, la herramienta clave. Su resumen, que supondremos es un resumen de las medidas que más importancia tienen para el Gobierno, versó: primero, sobre la regulación de la contratación con el estado (declaración de la obligatoriedad de cumplir con ciertos requisitos para ser contratista con el estado, abolición de la discrecionalidad en el manejo de los anticipos, prohibición de las licitaciones sin diseños previos, prohibición de creación de alianzas particulares para ganar contratos, etc.); segundo, sobre la prohibición de la puerta giratoria; tercero, sobre la centralización de las jefaturas de control interno; cuarto, sobre la imposición de nuevas penas (sanciones al contador o revisor fiscal que, detectando algún acto de corrupción, se abstenga de denunciarlo; sanción por practicar la especulación y el agiotaje sobre medicamentos o dispositivos médicos; sanción a los "falsos damnificados o desplazados"; responsabilidad de los interventores; etc.); quinto, sobre el agraviamiento de las penas para los corruptos ("No más subrogados penales para los corruptos: no habrá mecanismos alternativos de pena privativa de la libertad, no habrá suspensión condicional de la misma y tampoco libertad condicional, menos prisión domiciliaria; ningún beneficio o subrogado cuando se cometan delitos contra la Administración Pública, estafa y abuso de confianza que recaigan sobre bienes del Estado, utilización indebida de información privilegiada, lavado de activos y soborno transnacional"); sexto, sobre la abolición de los trámites innecesarios o de la 'tramitomania'; séptimo, sobre la creación de las Comisiones (creación de la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción; creación de la Comisión Nacional para la Moralización); séptimo, sobre la conversión de la "lucha contra la corrupción" en una "política de Estado". Las medidas que resumió el Ministro estelar en absoluto tienen que ver en algo con la educación de la phrónesis, salvo que las Comisiones creadas se impusieran un propósito semejante. Pero aún en el caso en el que aquello tuviera lugar, no sería hoy y ahora que las Comisiones creadas se lo impusieran como propósito. Por eso dije que el experimento mental de abstraer la moralidad, para dejar a la legislación como el único arte práctico de la sociedad, servía como metáfora de la columna del Ministro.
La pregunta del decano. Hacia la pregunta por la naturaleza violenta de la corrupción.
"Todos estamos obnubilados": fue lo que recientemente declaró, en su columna titulada Corrupción y presupuesto, el hoy Decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria. No precisó si hablaba por los decanos, por los columnistas o, peor aún, por los colombianos; tampoco precisó si era que se creía un juez competente y representativo de los unos, de los otros o de nosotros... Nadie dice que no sea competente. Pero alguien debería decirle que él no es ningún juez ni menos un juez con ironía. Pretendiendo burlarse, perversamente, de algunos jueces de la República-porque no creemos que haya escrito intencionalmente el artículo determinado los delante de jueces-, en la primera oración de su columna dijo: "Los titulares de los periódicos dan cuenta diariamente de los fallos (y fallas) de los jueces" (letra negrilla y cursiva mía). ¿Deberíamos poner la palabra decano entre paréntesis también? ¿Deberíamos, mejor, precisar su nombre y avanzar con las pruebas? ¿O haríamos mejor si optáramos por hacer la "crítica bien fundada" de la que hablaba, en su columna Dignidad y seguridad para la justicia, el maestro Rodolfo Arango? Cierto es que los escolásticos decían que la facultad por excelencia humana era la de la risibilidad. Pero, primero que investigar la actualización de la facultad de la risibilidad, habría que investigar si el competente decano desarrolló una crítica bien fundada y si, en particular, la oración está conforme con los actos conformes a la phronesis; o si, en particular, a su columna, pretendiendo ser mordaz, se le subieron los estribos, en cuyo caso habría que rechazarla con toda razón, conforme al maestro Arango, quien dice que cuanta "más razón para rodear a los jueces y magistrados en su defensa del Estado de Derecho y para rechazar los intentos de involucrarlos en política o en su prolongación por otros medios". Y, quizás primero, habría que investigar en qué sentido se debería emplear el término justo y en qué sentido injusto en contra o a favor del comportamiento mordaz del decano. Habría que reconocer que Mill, ya en el último capítulo de su obra El Utilitarismo, se dio a la tarea de investigar los tipos de injusticia, puesto que, según él, tenía lugar cierto confusionismo. Entonces, Mill hizo una auténtica explicación que hoy y ahora sirve como explicación auténtica del comportamiento mordaz del decano. Dijo Mill, como retratando su comportamiento: "Siempre nos resultaría placentero y gratificaría nuestro sentimiento de lo que es debido, el que los actos que consideramos injustos fuesen castigados, aunque no siempre consideremos conveniente que esto sea hecho por los tribunales. Sacrificamos este tipo de gratificación a causa de los perjuicios incidentales. Nos gustaría ver que se exige la conducta justa y que se reprime la injustica, incluso en los detalles más mínimos, si no nos asustara, con razón, dotar a los magistrados de tal ilimitado poder sobre los individuos. Cuando pensamos que una persona está obligada en justicia a realizar algo, decimos normalmente que debería ser obligada a hacerlo. Nos gratificaría comprobar que la obligación era exigida por alguien que poseyese poder para ello. Si observamos que su exigencia mediante la ley resultaría inconveniente lamentamos tal imposibilidad, consideramos la impunidad en que queda la injusticia como un mal y luchamos por paliarlo fomentando una fuerte desaprobación al ofensor por nuestra propia parte y por parte de la gente". El problema es el problema que padece el decano y que puede resumirse así: ¿y qué pasa, cuando en vez de querer dotar a los magistrados de tal o cual poder, se los considera como el ofensor y se fomenta una fuerte desaprobación hacia éste? De manera general, ¿qué hacer con o cómo responderle a ciertos miembros del club minoritario entre la ciudadanía, el de los miembros más calificados de ella, que fomentan constantemente la desaprobación del juez o-como el decano-la desaprobación de "los jueces"? Lo cierto es que unos desaprobarían al decano, otros al juez, y, en medio de las aprobaciones o desaprobaciones, ambos permanecerían como miembros altamente educados; y, así, todavía permanecería las siguientes dos preguntas: ¿es esa, la expresión mordaz del decano, una forma más de violencia? ¿por qué sí, por qué no? Podría, por una parte, hallarse el límite a la formación educativa y cobraría más importancia la necesidad de interrogarnos por el sentido total de la phronesis. Pero, por otra parte, la investigación decidiría si habría que excusarse con nuestro decano, por habernos permitido interrogarnos por las formas de violencia de la corrupción.
Segunda parte
El 4 de mayo de 2003 el actual presidente de la República, Juan Manuel Santos, escribió en El Tiempo un texto, titulado El desenfoque del gasto público[1]. Allí, hace más de ocho años, es menester buscar la fundamentación filosófica del estatuto anticorrupción, sancionado en el año corriente (2011).
Santos, en el texto referido, interrogó, en primer lugar, "Qué Estado queremos?"; en segundo lugar, habló del "Liberalismo económico" y del "liberalismo social"; en tercer lugar, interpretó el "velo de la incertidumbre"; y, finalmente, habló de "Los derechos fundamentales".
Primero. El Estado liberal, con respeto real, y no solo de discurso, es el que queremos
Santos disputaba que "el debate acerca de la función pública del Estado" se había "distorsionado y polarizado". Y a renglón seguido aseguraba que "casi olvidamos la razón de ser de la función pública del Estado". Disputaba que se hubiera reducido el debate "a un triste intercambio de opiniones, insultos y juicios maniqueos en donde las grandes categorías de la ética y la política han sido relegadas para darles paso a las caricaturas y a los estigmas". Seguramente, Santos, disputando la reducción del debate, hablaba de su incomprensión del concepto de caricatura. Quedaría faltando la crítica juiciosa de la historieta Humans de William Erwin Eisner.
Habiendo advertido, pues, que "poco estamos dispuestos a ser racionales", Santos dijo que había estado dedicado "a la academia y a tratar de entender cuál es la sociedad que queremos y cuál es el Estado capaz de generar esa sociedad".
[1] http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-981877
[4] http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10107890.html
2011
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